Se trata de Raúl Acosta, vocal de la empresa estatal de aguas y presidente del Partido Concertación Forja del Chaco. Dos hermanas lo denunciaron por varios hechos de abuso sexual perpetrados entre 2018 y 2019. El funcionario fue indagado este viernes por la fiscal del caso, Vanesa Fonteina. Previamente, había presentado un escrito solicitando permanecer en libertad durante el proceso. Le prohibieron acercarse a las denunciantes a menos de 200 metros y mantener cualquier tipo de contacto.
Dos hermanas denunciaron penalmente por reiterados hechos abuso sexual al vocal de Sameep y presidente del partido Concertación Forja del Chaco, Raúl Acosta. La fiscal del caso, Vanesa Fonteina, le tomó este viernes declaración indagatoria y le dictó una prohibición de acercamiento.
C.A.K, de 21 años, y B.M.K, de 22, se presentaron el 17 de noviembre pasado ante la fiscalía 5 para ratificar la denuncia policial que realizaron ocho días atrás. Contaron que en 2018 llegaron a Resistencia provenientes de La Leonesa, junto a su papá y mamá, para trabajar en la subsecretaría de Participación Ciudadana que manejaba en ese momento Acosta. La familia vivía en una habitación con un baño, la cual estaba pegada a las oficinas de la subsecretaría. Un pasillo las conectaba.
Ambas relataron que los hechos de abuso comenzaron en mayo de 2018 y continuaron hasta diciembre de 2019. Según pudo saber LITIGIO, las jóvenes contaron que al principio Acosta les hacía comentarios relacionados con su aspecto físico y se dedicaba a mirar las historias que las chicas publicaban en sus redes sociales. Las denunciantes recordaron que habían bloqueado al funcionario y que este enfureció: las trató de “malagradecidas” y a una de ellas le dejó de pagar 3500 pesos que recibía por actividades administrativas. A pesar de esto, las chicas siguieron trabajando bajo las órdenes de Acosta porque su familia prácticamente dependía de lo que decidiera el funcionario.
Tiempo después, las cosas empeoraron. Pasaron de comentarios desubicados a abusos y amenazas. Las jóvenes acusaron a Acosta de haberlas manoseado en varias ocasiones, besado en el cuello y penetrado a la fuerza con sus dedos. En las denuncias, añadieron que también las coaccionaba para que tengan intimidad con él. A cambio les ofrecía dinero, motos y casa. En una ocasión, a cada una, les ofreció 50 mil pesos para que tuvieran relaciones sexuales con él por “50 minutos”.
Relataron además que gran parte de estos hechos de abuso se dieron en la propia oficina del funcionario, quien aprovechaba cuando no había personal y las mandaba a llamar de a una. De acuerdo a la denuncia, cerraba la puerta con llave, agarraba a sus víctimas, las manoseaba y hasta en ocasiones frotaba su pene contra el cuerpo de ellas o las obligaba a que se lo agarren.
Ante cada rechazo, Acosta las amenazaba con suspenderles las becas, dejar sin trabajo a su padre y echarlas de la habitación donde vivían si es que cometían la osadía de acusarlo ante la Justicia. Acosta ejercía así un poder total sobre estas mujeres vulnerables debido a que dependían exclusivamente de él para subsistir.
Estos episodios continuaron hasta diciembre de 2019, momento en el que Acosta dejó el cargo en la subsecretaría de Participación Ciudadana para asumir como vocal de Sameep. Las hermanas reconocieron que le tenían miedo debido a que lo consideran una “persona peligrosa”, que cuenta con “poder y plata”.
Indagatoria
Mediante videollamada, Acosta declaró este viernes ante la fiscal Fonteina en calidad de imputado. Se le notificó sobre los detalles de las denuncias en su contra y se le informó que estaba acusado prima facie de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, en tres hechos, y abuso sexual con acceso carnal en concurso real (en otros tres hechos más).
En su escueta declaración, negó las acusaciones y dijo que eran parte de una campaña de desprestigio contra él y su partido debido a que se dieron de baja algunas becas. Al ser consultado respecto de si prestaba su voluntad para que se le realice un perfil psicológico, respondió que no.
Tras su indagatoria, la fiscal le prohibió contactarse por cualquier vía con las denunciantes (ya sea mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o redes sociales) y acercarse a menos de 200 metros. En caso de incumplir esta restricción, se ordenará su inmediata detención.
Previamente, y luego de que se hiciera pública la denuncia de las jóvenes en un programa radial de Resistencia, Acosta había presentado un escrito. Con la firma de sus abogados, Olga Mongelós y Leandro García Redondo, le solicitó a Fonteina mantener su libertad mientras continúa la investigación penal preparatoria. “Mi único deseo se encamina a poder seguir el desarrollo normal de mi vida”, argumentó.
Fuente: Litigio